Desde el 2022, se desata un complejo combate legal que pone en alerta a JZ Internacional, un coloso del capital riesgo estadounidense, debido a las acciones de sus dos gestores en España y líderes de Gedesco Finance. Esta disputa se intensifica con una querella presentada en Valencia contra cinco directivos y sus entidades personales, acusándoles de hacer una estructura societaria destinada a comprar el control en alrededor de veinte compañías empleando indebidamente los recursos de Gedesco, de la que JZI tiene un 6733%,, sin su autorización.
Los implicados en la demanda son Miguel Rueda y Ole Groth, gestores de europa de JZI; Antonio Aynat, fundador y CEO de Gedesco, junto a su entidad Venalta Capital; Javier García Escrivá, también fundador y administrador en Gedesco, y su patrimonial Ahthophilia Capital; y José Luis Villafranca, el encargado de las finanzas y contabilidad en Gedesco. Se les acusa de desviar 100 millones de euros para invertir en, por lo menos, 19 empresas, cometiendo presuntos delitos que van desde la estafa hasta la falsedad contable.
El origen de estas tensiones se remonta a 2007 en el momento en que JZI adquirió una participación mayoritaria en Gedesco. Sin embargo, el conflicto empieza a gestarse en 2016, momento en el que los fundadores de Gedesco exploran la venta de su participación en la compañía a JZI, sin llegar a cerrar una negociación formal. Desde ese momento, se manifiesta que se ha hecho un empleo indebido de los elementos de Gedesco para identificar y capitalizar ocasiones de inversión a través de una estructura llamada 'Trama Stator', constituida por los 4 directivos denunciados y operada a través de una red de 12 filiales.
Esta composición pretendía ocultar la auténtica propiedad de las inversiones, con figuras como Máximo Buch, exconseller de Economía de la Generalitat Valenciana, y su colega Ernesto Bernia, figurando como administradores nominales hasta que se desligan Mira aquí tras salir a la luz las irregularidades.
La detección de estas anomalías por la parte de JZI, que incluían operaciones financieras sospechosas y domicilios de sociedades coincidentes, desencadenó una secuencia de demandas judiciales en 2022, introduciendo una querella en Novedosa York contra Rueda y Groth, seguida de varias acciones legales contra el fondo, en un lapso de menos de un par de meses.
Este ámbito legal sigue desarrollándose, con recientes decisiones judiciales como la suspensión de las declaraciones de los fundadores de JZI por carecer de indicios delictivos, mientras que se desvelan mucho más capas de un conflicto que subraya la dificultad de las operaciones financieras transnacionales y las disputas entre inversores y administradores en el campo del capital riesgo..